Para ser iguales en derechos y libres de toda opresión

Martes, 27 de octubre de 2009



El actual sistema tributario tiene el sello de la dictadura. Pinochet, liquidó drásticamente las importantes funciones económicas y sociales que cumplía el estado democrático, conquistadas en decenios de lucha. Luego procedió a una reducción sistemática de los impuestos que pagaban los grandes capitalistas nacionales y extranjeros y elevó los gravámenes a los pobres y los estratos medios. La derecha había logrado su sueño largamente esperado.

Al reducir el presupuesto fiscal y las inversiones públicas los ministros del dictador llevaron el desempleo y la pobreza a límites extremos. Por eso, además de las violaciones a los derechos humanos, la mayoría del país rechazó dos veces a los causantes de estas desgracias: primero, en el Plebiscito votando por el No y, luego repudiando a Buchi, el candidato de la derecha a suceder al dictador. Pese a las promesas del primer programa de revisar el sistema tributario, los gobiernos de la Concentración hicieron hasta ahora escasas modificaciones, aceptando el modelo implantado por los pinochetistas. Se elevaron algunos tributos y otras exacciones que afectan a la gran mayoría, como el IVA y se extendieron nuevas franquicias exclusivas para diversos sectores capitalistas. El criterio esencial que comparten las candidaturas de Piñera y Frei es que el sistema tributario chileno está bien, tal como está y que no necesita modificaciones sustanciales. Los asesores de ambas tendencias descansan en que el solo crecimiento económico una vez recuperado de la grave crisis internacional, proporcionará mayores recursos al presupuesto fiscal y así financiar las promesas electorales, muy parcas las de Frei y muy demagógicas las de Piñera.

Lo anterior es lo que se dedujo de las presentaciones que hicieron los asesores de ambas candidaturas en el Symposium organizado por la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. La diferencia entre ambos estuvo en que el representante de Frei enfatizó el aumento de la fiscalización tributaria ante la enorme evasión existente entre las grandes empresas, nacionales y extranjeras. También reconoció que se debe revisar las numerosas franquicias legales de que gozan estos sectores.

Aunque la representación de la candidatura Enríquez se excusó de asistir, se conoce su propuesta sobre la materia, dada a conocer por su asesor económico, Paul Fontaine. Ella se caracteriza por medidas puntuales, algunas progresistas y otras regresivas. Entre las primeras incluye la eliminación del IVA a los libros, la supresión de la franquicia DFL2 a los inmuebles de mayor precio y una leve elevación del tributo complementario a las compañías mineras. En cambio, propone seguir reduciendo los aranceles a las importaciones lo que perjudica a la producción nacional sustitutiva; y quiere rebajar de 40% a 30% la tasa marginal del global complementario, medida que favorece directamente a los sectores más ricos del país. Una elevación del impuesto a las utilidades de las empresas del 17% al 30%, como el mismo Fontaine lo explicó, no perjudicará a sus dueños, pues podrán rebajarla del global complementario. En definitiva, los empresarios pagarán menos que hoy. En vez de disminuir las desigualdades entre los chilenos, Fontaine y Enríquez van a aumentarlas.

La candidatura de Jorge Arrate contempla en su programa económico un amplio capítulo sobre reforma tributaria. De hecho es la única coalición que defiende la necesidad de una reforma integral.

En primer lugar, porque si hemos de tener “más” estado o “mejor” Estado, eso sería pura palabrería si no se proponen más recursos estables para financiarlo. Todo indica que la crisis de los países ricos se va a prolongar. Depender del precio del cobre y de un Codelco amenazado de privatización sería cometer el mismo error que ya se hizo con el salitre. El estado chileno requiere elevar en forma permanente la actual carga tributaria desde el 18% sobre el PIB actual, a lo menos al 25% en los próximos años. Sólo así se puede asegurar una verdadera red de protección social y una ampliación estable de nuevos puestos de trabajo, impulsada por la inversión estatal en nuevas actividades productivas. Esta meta no es excesiva, pues si se afirma que estamos próximos a ser una economía desarrollada, hay que saber que las europeas tienen una carga tributaria superior al 36% del PIB, única forma de contar con un sistema de garantías sociales.

En segundo lugar, porque si de verdad se quiere acortar las escandalosas diferencias entre lo que se lleva una pequeña minoría afortunada y la gran mayoría de chilenos pobres y de capas medias, un cambio estructural de la composición de las cargas tributarias entre unos y otros, es indispensable. El Programa de Arrate propone que el impuesto más regresivo, el que más golpea el bolsillo popular y que desproporcionadamente más aporta al financiamiento público sea reducido drásticamente. Se trata del IVA, el cual se proyecta reducir del actual 19% al 15%, en un plazo de unos pocos años. Tal medida tendría que disminuir automáticamente los precios de los medicamentos, alimentos básicos y otros productos y servicios de primera necesidad, afectados por el IVA. Esto tendría el mismo efecto de un aumento de los sueldos, salarios, jubilaciones e ingresos por cuenta propia.

Para que esta importante reforma no signifique menores recursos fiscales para las necesidades sociales, es indispensable elevar la contribución de los chilenos más ricos al financiamiento de los servicios públicos. Por eso la coalición de izquierda que respalda a Arrate aumentará el tributo a las ganancias empresariales desde el 17% actual al 30% en un futuro próximo. Al mismo tiempo se suprimirá el privilegio que tienen los grandes accionistas de descontar este impuesto del pago tributario por concepto de dividendos e intereses. Las Pymes no serán afectadas, porque tendrán un régimen especial de garantías no sólo impositivas, sino también crediticias y de acceso a los mercados.

Estas dos reformas que forman un solo todo, apuntan en dirección a la justicia social y acercarnos a la estructura tributaria que prevalece en todos los países desarrollados, donde el gravamen directo y progresiva sobre las rentas es la fuente principal del presupuesto, mientras el gravamen indirecto a los consumos obligatorios es secundario. El Programa Arrate contempla otras reformas en la misma dirección. Una ofensiva decidida contra la evasión, contra las ganancias no declaradas y ocultas en “paraísos fiscales”, contra transacciones fraudulentas a precios manipulados, contra los privilegios, mayor transparencia y eliminación de los secretos bancarios y tributarios. Concordamos también con la demanda de eliminar el cobro del 7% sobre las jubilaciones y la exigencia de establecer un verdadero royalty a pagar por las transnacionales y grandes compañías nacionales que explotan los recursos naturales.

 


Tags: Chile, elecciones

Publicado por alvarocampana @ 16:23
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